Hace pocos días leí la noticia que les adjunto abajo del todo. Expresa, de forma arquetípica, cómo se enfoca el multilingüismo en España. (He borrado la firma del periodista y no doy pistas sobre el medio que la publicó. Mi análisis crítico no va contra ninguna persona ni contra ningún medio. Lo que me interesa es el contenido de la noticia y el mensaje ideológico de fondo que lleva incorporado).
El hecho concreto que cuenta la noticia
Lo que cuenta la noticia es esto: una sanitaria asturiana se dispone a acceder a una bolsa de trabajo del Principado. Presenta unos certificados de formación expedidos en Cataluña, que están redactados en catalán. Según parece, el Principado exige su versión oficial al castellano, pero la trabajadora tiene que encargar una traducción jurada que ha de costearse ella misma. Ello requiere un tiempo, con riesgo de que corran los plazos y se quede en desventaja ante el resto de candidatos o sin opciones laborales.
Analicemos el asunto: ¿dónde radica el problema?
Esos son los hechos. Es evidente que hay un problema, pues una ciudadana sale perjudicada en una circunstancia concreta. Así que lo primero va a consistir en detectar correctamente el problema, pues solo así estaremos en disposición de explorar soluciones. Les doy mi análisis del asunto.
Allá va: según me parece, el problema consiste en que la Administración está tocando las narices a una ciudadana por presentar unos documentos redactados en una lengua de España que goza de reconocimiento oficial.
(Paréntesis: perderse en datos irrelevantes no forma parte de la detección del problema)
Antes de seguir, déjenme que haga dos precisiones para no liar la madeja:
–Para el correcto análisis del problema, resulta irrelevante que los documentos hayan sido expedidos por una autonomía determinada en un período político determinado. Sobran los juicios de intenciones, como por ejemplo sospechar que haya habido una intencionalidad política al haber usado el catalán en documentos oficiales. Este tipo de sospechas son impropias de una sociedad democrática: el uso de una lengua se sitúa en las opciones de libertad de las Administraciones y de los ciudadanos a los que sirven y representan. Y nada más. Si el uso del castellano nunca tiene finalidad política, el uso de cualquier otra lengua tampoco.
–Es también indiferente que la ciudadana haya presentado los documentos en catalán con placer o con disgusto, por la fuerza de los hechos o motu proprio. El asunto es que le tocan las narices por presentar, ante una Administración española, documentos redactados en una lengua española.
(Fin del paréntesis)
Posibles soluciones al problema, según lo veo
Visto lo cual, ¿qué soluciones se pueden aportar? En mi opinión, hay dos posibles soluciones:
●Solución primera: aceptar los documentos en catalán sin más. Razones:
–El catalán es una lengua muy próxima que se entiende perfectamente. (Diferente sería que estuvieran redactados en vasco).
‒El catalán es una lengua de España.
–Los documentos oficiales redactados en cualquier parte de España, aunque puedan diferir en formato y estilo, vienen a decir el mismo tipo de cosas, ya que se mueven dentro del mismo administrativo español.
La pregunta es pertinente: ¿es de verdad necesario traducir esos documentos? A lo largo de mi vida profesional he formado parte de un puñado de comisiones para personal docente de la Universidad de Oviedo, y en más de una ocasión, ante un certificado emitido en catalán o italiano o francés o portugués o inglés, lo hemos dado por válido. ¿Requerir una traducción jurada por un documento que certifica haber hecho un curso en Barcelona, en Palermo o en Lyon, retrasando todo el proceso en un alarde de ridícula escrupulosidad burocrática? No, por favor.
●Solución segunda: que la Administración habilite un mecanismo rápido de traducción o validación de documentos redactados en una lengua no castellana, sin molestar a la administrada.
No lo olvidemos: el objetivo es no tocar las narices a la ciudadana. Así pues, si resulta que la Administración recibe un certificado redactado en una lengua no castellana (catalán, inglés, portugués, francés, etc.) y necesita su versión en castellano, lo que no puede hacer es causar molestias a la ciudadana y ponerla en situación de desventaja frente a otros candidatos. Es la propia Administración la que tiene que encargarse de dar la validez al documento por la vía que considere oportuna (traducción o cualquier otro método).
¿Qué habría pasado con un documento en portugués o inglés?
Hasta aquí he obviado algo de lo que, por cierto, la noticia no dice absolutamente nada. Preguntémonoslo: ¿qué habría pasado si la trabajadora hubiera presentado algún documento en portugués o inglés, por ejemplo? ¿Le habrían tocado las narices a nuestra ciudadana de la misma manera? La crónica no dice nada al respecto.
Y si le hubieran tocado las narices por un documento en portugués, ¿habría sido noticia? ¡Ay, que malo soy!: rotundamente no, no habría sido noticia.
Pero en realidad, ¿qué es lo que sugiere la noticia?
En fin, qué quieren que les diga. Por la manera como la noticia está presentada y por el enfoque de su redacción, me temo que la pretensión era presentar el asunto de una manera totalmente diferente, detectando el problema en otro sitio, en otro foco de interés que rebasa el perjuicio denunciado por la sanitaria asturiana.
Vayamos al grano: la noticia, en realidad, no está enfocada hacia un problema de gestión del multilingüismo, sino hacia el propio multilingüismo como problema. El mensaje viene a ser como la afirmación que le oí una vez a alguien: «En España el multilingüismo hay que respetarlo siempre que no se pase de la raya». ¿Y qué es «pasarse de la raya»? Simplemente, usar las lenguas que no son el castellano. En la mentalidad nacional española se respeta el multilingüismo siempre que no sea multilingüismo. Muy curioso.
Fijémonos: aparece como noticia a toda plana y abriendo la sección regional. ¡Ahí es nada! ¿Es tan importante esta noticia? Hombre, tiene su interés, pero no parece más importante que las que vienen después (entre ellas una sobre atracción de inversiones de grandes empresas a Asturias). Y vean lo que proclama el antetítulo de la noticia: «Las complicaciones lingüísticas para acceder al empleo público». Toda una declaración de intenciones: «complicaciones lingüísticas». Tradúzcanlo a un lenguaje más directo, más rudo: el multilingüismo (de los coj…) quita trabajo.
La noticia comienza así: «Choque de naturaleza lingüística»: me lo temía: ¡las lenguas son un problema! ¿Todas? No, hombre, algunas: en España, las que no son castellanas.
Pero, ¿para qué disimular, para qué hacer como no estamos entendiendo el mensaje? Ustedes ya lo han entendido: «¡es el catalán, estúpido!» (como diría Bill Clinton).
El enfoque de la noticia sugiere de modo bastante transparente el diagnóstico que corresponde a una determinada mentalidad nacional española: los catalanes como problema. El catalán como problema. Es decir, el uso de una lengua española como problema. Es decir, el uso del catalán «cuando se pasan de la raya», que para cierta mentalidad nacionalista española es prácticamente siempre. Ya lo sabían ustedes: la lengua catalana es un coñazo que tiene que «conllevar» la Nación Española. El castellano es una lengua, al parecer, en la que es imposible «pasarse de la raya»; pero el resto de España sí, especialmente el catalán.
El uso del catalán como representación de lo intragable
Para el pensamiento común del español medio, el problema es que los documentos oficiales están redactados en catalán. Y eso resulta intragable. Si la trabajadora hubiera presentado un documento oficial en portugués, ¿habría pasado lo mismo? Pues no lo sé. Pero fíjense ustedes: si hubiera pasado lo mismo, ¿por qué no ha sido noticia nunca y lo es ahora porque está el catalán por el medio? Y si no hubiera pasado lo mismo, ¿me puede alguien explicar por qué iba a tener más contemplaciones una lengua no española que una lengua española?
He aquí una pregunta central: el catalán, ¿es una lengua española, sí o no? No es posible contestar «sí, pero», «española a medias», «subespañola», «poco española», «menos española (que el castellano)», o cosas por el estilo. La respuesta es clara y contundente: ¡sí, el catalán es una lengua española! Es tan española como cualquier otra, incluido el castellano.
Si todos los españoles son iguales ante la ley, eso significa que las comunicaciones realizadas en cualquiera de las lenguas de España han de tener los mismos efectos, gozar de las mismas atenciones y generar los mismos derechos de las personas. Cualquier otra cosa no es igualdad lingüística ante la ley, sino supremacía del uso de una de las lenguas por encima del uso del resto.
El rutinario supremacismo lingüístico castellanista
En el pensamiento español medio se asume que una de las lenguas (el castellano) es fuente de derechos plenos y normales en toda circunstancia, mientras que las comunicaciones en el resto de lenguas españolas tienen algún tipo de limitación en su consideración legal y administrativa y como fuente de derechos ciudadanos. No son contempladas al mismo nivel. Este supremacismo lingüístico está interiorizado por buena parte de la población, y de hecho está consagrado en nuestra legislación. El supremacismo lingüístico justifica la superioridad natural o congénita de unas lenguas sobre otras, y tiene muchas semejanzas argumentales con el supremacismo racial, que justifica la superioridad natural o congénita de unas razas sobre otras. El supremacismo lingüístico es una anomalía democrática, un arcaísmo decimonónico que seguimos manteniendo inexplicablemente. Dentro de quinientos años, contemplarán nuestra época con la misma curiosidad pintoresca con la que contemplamos nosotros el siglo XIX en materia de desigualdad racial, de sexo o de religión.
Digámoslo claro: la razón por la que el incidente de la sanitaria asturiana salta como noticia importante, no es tanto el perjuicio que se le hace a esta persona, sino el destacar que en España hay una lengua que tiene la supremacía, y las otras están subordinadas y no pueden «pasarse de la raya». Especialmente, el catalán, por si hubiera dudas.
Los tres mensajes de la noticia
Al principio decía que la noticia aquí comentada representa arquetípicamente una determinada mentalidad en materia de multilingüismo español, especialmente referido al caso del catalán. En efecto, cuando uno acaba de leer la crónica, extrae tres mensajes sugeridos de manera más o menos diáfana:
●Primer mensaje: el uso del catalán es problemático. [Lo toleramos porque somos demócratas del siglo XXI y bla-bla-bla, pero siempre acaba dando problemas. Siempre «se pasan de la raya»].
●Segundo mensaje: por extensión, el multilingüismo en España es también problemático y acaba siempre desembocando en problemas. [Toleramos el multilingüismo porque no somos petimetres de la época victoriana, pero en realidad hay que reconocer que siempre trae complicaciones: es un coñazo].
●Tercer mensaje: apuntái, amiguinos: esto es lo que va a pasar si el asturiano se convierte en lengua cooficial. [¿Veis lo que pasa por usar el catalán? Nos quedamos sin trabajo, impiden la movilidad por el recinto patrio, hay que pagar a traductores jurados, etc. ¡Eso es lo que nos espera si hacen oficial el asturiano!]
En España, a pesar de los formidables avances en tolerancia lingüística, persiste la idea de fondo de que el multilingüismo es una fuente de problemas. Y las noticias que presentan a los pérfidos catalanes hacer «cosas malas» propias de «malos españoles», son un género literario en sí mismo, muy repetitivo y muy popular. Con este bombardeo constante que fomenta la antipatía hacia Cataluña, ¿alguien se puede extrañar de que una cantidad masiva de catalanes quiera separarse de España?
El Miradoriu | Ramón d'Andrés 