Sí, es una postura retrógrada

(al hilo de un artículo de Félix F. de Castro contra la oficialidad del asturiano)

En puridad, los lingüistas somos técnicos del lenguaje y la lengua, algo así como los mecánicos del automóvil; y lo mismo que estos no se ocupan del código de la circulación, no es nuestra ocupación propia meternos en políticas lingüísticas, ni en determinar si tal o cual lengua debe o no ser oficial. Lo podemos hacer, por supuesto, pero no en nuestra condición de lingüistas, sino como ciudadanos que tenemos ideas políticas; pero en eso nuestra opinión no vale más que la de cualquier otro ciudadano, sea notario, camarero o sexador de pollos. Aunque el colega Félix Fernández de Castro firma un artículo como lingüista (La Nueva España del 7 de noviembre), su contenido no es de lingüística, sino de política; de política lingüística, concretamente. Al hilo de él ―que reproduzco al final―, haré aquí un comentario de lingüista, para seguir con una serie de opiniones políticas de ciudadano.

Las lenguas son comunicación e identidad: ¡todas!

Comencemos por el comentario de lingüista. Es cierto que las lenguas son instrumentos de comunicación: pero hay que advertir que lo son todas las lenguas. El asturiano, obviamente, es también un instrumento de comunicación.

Pero las lenguas no son solo instrumentos de comunicación. Si solo fueran eso, la humanidad entera hablaría solamente una lengua. Justamente, la diversidad lingüística mundial (glotodiversidad) demuestra que las lenguas son también, inevitablemente, otras cosas; entre ellas, atributos distintivos de las diversas comunidades humanas. Así pues, cualquier lengua es una limitación a la función comunicativa del lenguaje humano, dado que su uso se circunscribe no a toda la humanidad, sino solo a quienes la usan; que en algunos casos son mucha gente, pero en absoluto toda la humanidad. Por esa razón, a pesar de ser un potente medio de comunicación, el castellano es totalmente inútil en muchas partes del mundo, en las que no cumple ninguna función comunicativa.

Todas las lenguas son simultáneamente medios de comunicación y atributos culturales e identitarios. En este sentido, ¿tendré que recordar que el castellano es, también, una seña de identidad colectiva y que en España funciona constantemente como un símbolo político de exaltación nacional? No, no creo que sea necesario que lo recuerde: es evidente para cualquier que tenga ojos y oídos.

Sí, resistirse a nuevos derechos es una postura retrógrada

Seguidamente, paso a expresar mis opiniones políticas de ciudadano sobre la lengua asturiana. Aunque no es necesario que lo diga, aclaro que mis tendencias políticas se sitúan en algo que podría calificarse de liberalismo progresista. No soy marxista. Soy un defensor convencido de la democracia liberal parlamentaria.

Primero, una observación general. Siempre que la sociedad abordó el reconocimiento de un nuevo derecho, hubo siempre resistencias de sectores contrarios a dicho reconocimiento, y su argumentario, sin excepción, ha sido el mismo, a saber:

(a) No es un derecho, sino una imposición;

(b) Ese pretendido nuevo derecho es una tapadera que oculta fines perversos; y

(c) Vendrán mil desastres si se reconoce este falso derecho.

Sucedió cuando se iba a reconocer el derecho al divorcio: era una imposición que buscaba la destrucción del matrimonio y de la familia. En su día, el voto femenino iba a ser un «despendole» perjudicial para las propias mujeres, y traía el desgobierno de la sociedad; la libertad religiosa era una imposición atea que iba a traer la persecución de los creyentes y la abolición de Dios; la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo era una imposición que nos llevaba al amariconamiento general; la igualdad racial en Estados Unidos se veía como una desgracia para el orden constituido, encarnado en la raza blanca. Etcétera. Así las cosas, no debe extrañarnos que el eventual reconocimiento de los derechos lingüísticos de los usuarios del asturiano provoque la resistencia de ciertos sectores ideológicos, que lo pintan como una imposición y como fuente de mil desgracias. Es un guion archiconocido. Y claro que es retrógrado: una sociedad que reconoce «n» derechos e incrementa su repertorio a «n + 1», es una sociedad que progresa democráticamente, y la reacción contra esa novedad corresponde a posturas reaccionarias o retrógradas, al menos en ese aspecto concreto.

No se trata de patrimonio, sino de derechos

Todas las lenguas son patrimonio lingüístico y cultural, pero este enfoque patrimonial, en mi opinión, no tiene nada que ver con el debate de política lingüística que lleva a una eventual oficialización del asturiano. Patrimonio cultural tanto puede ser una lengua viva como una lengua muerta, y eso se gestiona con buenos archivos, buenos corpus informatizados y buenos museos. Pero de lo que hablamos realmente es de algo que se sitúa en otro terreno: hablamos de derechos cívicos individuales que afectan a las personas en su desenvolvimiento social.

Es muy sencillo: reclamarse usuario de una lengua ―la que sea― no solo tiene una dimensión puramente comunicativa, sino que genera un tipo de derechos, llamados derechos lingüísticos. La noción de «derecho lingüístico» forma parte de los estándares de nuestra civilización occidental desde su reconocimiento en la Declaración Universal de 1947, y en la medida en que los diversos países han profundizado en sus sistemas democráticos, eso ha significado reconocer cada vez más derechos, entre los cuales figuran los de las minorías lingüísticas. Es inaudito hurtar del debate esta importante circunstancia, como si no existiera ese marco conceptual y jurídico.

La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, del Consejo de Europa, suscrita por España en 2000, así como las diversas constituciones democráticas, avalan esta idea de progreso en derechos. Por tanto, en el terreno político es absurdo referirse al asturiano sin tener en cuenta los derechos lingüísticos de sus usuarios, sobre todo si estos, o una parte sustancial de estos, reclaman explícitamente esos derechos, como es el caso.

El castellano también es una lengua financiada

Los derechos lingüísticos, como derechos civiles, están ahí, en el tablero de la política. Si no hay nadie que los reclame, nada se mueve en ese terreno; pero si hay ciudadanos que los reclaman, es inútil escabullirse, porque tarde o temprano habrá que abordar su regulación.

Los derechos de quienes se reclaman usuarios del castellano están perfectamente reconocidos y amparados en España, y así debe ser, claro está; para quienes disfrutan (disfrutamos) justamente de ellos, esos derechos son tan obvios que ni siquiera se dan cuenta de que existen, y ni siquiera perciben que hay montada toda una política lingüística estatal tendente a proteger y fortalecer los derechos de los castellanohablantes. Porque no hará falta aclarar que el castellano es una lengua que también se promueve y financia políticamente. Solo un dato entre muchísimos: en los presupuestos previstos para 2021, la Real Academia Española percibirá casi 7 millones de euros, y el Instituto Cervantes 174 millones. Pero señores, ¿no quedábamos en que las lenguas no necesitan financiarse? Y no olvidemos que la RAE y el IC son ―sobre todo el segundo― instituciones que, además de cubrir aspectos técnicos de estandarización, cumplen un importante papel en la política lingüística de exaltación y difusión de la lengua castellana, entendida en su faceta de componente central de la identidad nacional española. Es decir: con toda legitimidad, la RAE y el IC son instrumentos de la política lingüística española (sobre todo el segundo).

La libertad individual debe ser respetada

Los derechos individuales de quien se reclama usuario del asturiano no es que sean totalmente inexistentes, pero son muy precarios, y a menudo brillan por su ausencia. Decir que el usuario del asturiano tiene sus derechos reconocidos, es una exageración fantasiosa. No nos vayamos por las ramas y centremos el asunto: si un ciudadano opta libremente por usar el asturiano en no importa qué ámbito, la preocupación de una sociedad democrática ha de ser: (a) que ese ciudadano pueda ejercer su derecho sin cortapisas; y (b) las comunicaciones efectuadas en esa lengua han de tener el mismo valor legal que las efectuadas en castellano. ¿En qué teoría política democrática se sustentaría la negación de estos dos supuestos? ¿Cuál es el bien superior que impide ver estas obviedades? ¿De qué terribles males tenemos que precavernos si admitimos ese derecho?

Es inadmisible es que el ejercicio de los derechos lingüísticos pueda ser bloqueado solo porque alguien alega que se siente incómodo simplemente porque su prójimo los ejerza. Si aplicáramos siempre ese criterio, nunca habría progreso en derechos, dado que siempre hay alguien que dice incomodarse: siempre hay gente intolerante a quien le jode que otros ejerzan derechos que él niega.

No obstante, es cierto que (a) hay que procurar que el ejercicio de un derecho no vulnere derechos de otros: para esto están las leyes; y (b) hay que procurar que no se resienta la convivencia social; pero allí donde no tienen por qué llegar las leyes, tiene que llegar el sentido común, la tolerancia y el comportamiento cívico de los ciudadanos. La convivencia educada se aprende y se cultiva, no está en el Código Civil. Ocupémonos, pues, por encontrar fórmulas que permitan que todos se encuentren a gusto ejerciendo sus derechos. Aprendamos a convivir respetándonos, coño.

Habrá oficialidad solo si la sociedad la quiere

Desde ciertos sectores ideológicos se contempla la posible aprobación de la cooficialidad lingüística como el fruto de una turbia conspiración en la sombra por parte de las fuerzas del mal. Como algo ilegítimo.

Si el asturiano va a ser o no oficial, es una decisión de política lingüística que depende exclusivamente de la sociedad asturiana, en un marco democrático de decisiones basadas en mayorías. Si hay una mayoría social partidaria de reconocer también los derechos lingüísticos de quienes se reclaman usuarios del asturiano (puesto que ya se reconocen los de los que se reclaman usuarios del castellano), y se expresa en mayorías parlamentarias salidas de las urnas, entonces habrá oficialidad. Y si no hay esa mayoría, no habrá oficialidad. Así de simple: se llama democracia.

¿Y qué habrá decidido un parlamento que mayoritariamente se pronuncie a favor de la oficialidad del asturiano? ¿Habrá decidido algo contrario a la ley, algo enloquecido y punible? No: habrá decidido algo perfectamente previsto en el espíritu y la letra de la Constitución española. Será una decisión plenamente constitucional. Más aún: la oficialidad del asturiano, en caso de aprobarse, será un acto de afirmación constitucional.

No hay españolidad cabal sin el asturiano

Finalmente: hay, sin duda, variadas concepciones acerca de España como nación o como proyecto nacional. Mi idea de España es la de una nación que reconoce y ensalza la pluralidad lingüística que forma parte consustancial de sí misma. Pero no solo de boquilla o como recurso retórico, sino con todas las consecuencias, reconociendo en pie de igualdad los derechos lingüísticos de los usuarios de todas las lenguas de España. Mi inspiración está en Suiza, Bélgica, Finlandia o Canadá, y no en el caspoco jacobinismo francés.

La españolidad ―signifique lo que signifique este concepto― no ha de tener como vía de expresión solo el castellano, sino también las otras lenguas en pie de igualdad. Una españolidad basada únicamente en el castellano, es un fraude: eso representa una visión estrecha y parcial, y se equivoca quien piense que un proyecto cabal de nación española ha de sustentarse necesariamente en esa idea. Es evidente que la lengua asturiana forma parte de la españolidad, y por eso una españolidad razonable no puede ser la que desprecie los derechos cívicos de los ciudadanos españoles que se reclaman usuarios de esta lengua.

Los ciudadanos, y solo ellos, dirán.

Publicado por Ramón d'Andrés

Ciudadano de Oviedo (Asturias). Profesor de Humanidades. Ciudadanu d'Uviéu (Asturies). Profesor d'Humanidaes.

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8 comentarios

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  1. Buenas tardes. En primer lugar querría felicitar al autor del blog por su firme compromiso con el multilingüismo, y por lo brillante y comedido que es en la exposición de sus argumentos. Carezco de elementos de juicio para pronunciarme sobre lo que aquí se trata, pero sí quería hacer una puntualización acerca del Instituto Cervantes.

    Al Instituto Cervantes se lo puede caracterizar de diversas formas: es puro “soft power” cultural del reino de España, un inmenso chiringuito para todo tipo de enchufados, un nido de precariedad laboral galopante y muchas otras cosas tan graves como tristemente ciertas. Ahora bien, afirmar que está dedicado a “exaltar” la lengua castellana como “componente central de la identidad nacional española” es una afirmación muy desatinada.

    Cualquiera que conozca mínimamente el IC sabrá que España se expresa en él sin ningún tipo de complejos como país eminentemente multilingüe. Los centros más importantes llevan mucho tiempo ofreciendo cursos de todas las lenguas cooficiales españolas. Moscú, Estambul, Dublín o Pekín son algunos de los lugares donde muchos profesores dedican horas a preparar programas, materiales y contenidos para unos cursos de gallego, catalán o euskera, muy bien elaborados y necesarios, pero que por desgracia en muchas ocasiones no llegan a materializarse por falta de demanda.

    Habrá quien opine que esta oferta es insuficiente, que las lenguas de España deberían “promocionarse” en estos centros incluso con más insistencia que la lengua castellana, y habrá quien ingenuamente crea que eso contribuiría a equilibrar de forma significativa la desigual demanda de las diferentes lenguas, pero esa postura no deja de ser puro pensamiento ilusorio, negacionista de una realidad aplastante y demoledora, como es que el español en algunos centros llega a tener hasta doscientas veces más demanda que las otras tres lenguas combinadas. Y eso sin salir del Instituto Cervantes. Pensemos en el porcentaje total de estudiantes de español de la región metropolitana de Londres que estudian en el IC. Una cifra irrisoria. Y es que la inmensa mayoría de alumnos que se matriculan en el IC no acuden a él pensando “a ver qué idiomas promociona España” (por cierto, que España también promociona sus lenguas a través de otras instituciones, pero esta es otra cuestión), es más, en muchas ocasiones ni siquiera tienen un especial interés por España. Sí lo tienen en cambio por el español.

    Por otra parte es importante señalar que la oferta de lenguas cooficiales del IC no tiene parangón con absolutamente ninguna otra institución análoga en Europa o en el mundo (¿aprender bretón y corso en el Institut Français? ¿esloveno y sardo en el Dante Alighieri? ¿mirandês en un Instituto Camoes que cuenta con el doble de presupuesto del IC?). A todo esto se suma el hecho de que no hay otro instituto de promoción de lenguas que cuente con la diversidad nacional de profesorado que está presente en el IC (en cualquier centro del IC hay docentes de al menos cuatro o cinco países diferentes).

    En fin, muchos escritores y artistas españoles de expresión no castellana han sido invitados en incontables ocasiones a los centros del Instituto Cervantes. Creadores como Kirmen Uribe, Bernardo Atxaga, Manuel Rivas, Jabier Muguruza y muchos otros han podido viajar a lugares como Tel Aviv, Nueva York, Marrakech o Tokio a actuar o hablar de su trabajo a cuenta de ese inflado presupuesto del IC, sin que se sepa que se hayan visto obligados en ningún momento a pronunciarse a favor de la identidad nacional española o a elevar alegato alguno por la “lengua común”.

    En resumen, el IC es una institución censurable por infinidad de motivos, pero difícilmente se la puede acusar de supremacista lingüística o etnonacionalista.

    Un saludo cordial.

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    1. Agradezco a Arfueyu los comentarios y aclaraciones que hace sobre el Instituto Cervantes, que creo muy oportunos. Es cierto todo lo que dice. No obstante, es verdad que el IC es un organismo cuyos objetivos son eminentemente castellanistas, en la línea de extender el conocimiento de la lengua castellana por el mundo, como representación nacional española. A mí eso me parece legítimo y no lo censuro. Lo saqué a colación para demostrar que incluso una lengua fuerte como el castellano se promociona desde el poder político (no solo se promocionan las lenguas pequeñas: eso es lo que quería decir). A mí me parece legítimo que se haga. Por cierto, en una ocasión impartí una conferencia sobre el asturiano en la sede del IC de Madrid, invitado por sus responsables.
      Muchas gracias por sus comentarios.
      Ramón d’Andrés

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  2. Pa mi solo val la opinión de cualquier ciudadanu siempre que tenga, al menos, ciertu conocimientu del tema.
    Polo demás, gran artículu.

    Félix, nes 13 palabres qu’usa Roberto nun diz nada de “mentiras”.

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  3. Félix, lo que defiendes es un argumentum ad verecundiam de libro.
    Bertu, el argumento del rico se llama argumento ad crumenam.

    Ramón, gran artículo y mejor talante.

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      1. Félix, mal seguimos cuando insistes en “ilegalizar” a los que hablan diferente a ti. Como aquel perverso rico que pensaba: si escondo a los pobres en un gueto, no tendré que saber que existen”

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